Este año, la Legislatura gastará más de $ 500 millones en la partida “ayudas sociales a personas”. Si bien la inmensa mayoría de esos fondos fueron ejecutados por la anterior conformación de la Cámara, el escándalo por la ruta de las valijas con millones en efectivo para los gastos sociales replicó en el flamante cuerpo colegiado.

Mientras la Justicia federal y la provincial tramitan causas penales para investigar el manejo de esos recursos, en la oposición de la Legislatura hay dos posturas al respecto: cobrar o no cobrar ese dinero para uso discrecional.

El radical Luis González (bloque unipersonal Arturo Illia) relató que mantuvo una charla con un par sobre ese asunto. “Creo en la buena fe de quienes dicen que no los quieren cobrar. Pero aquí se trata de ayudar a la gente. Soy el único opositor de la sección Este, y realmente me falta capacidad de respuesta para tanta gente. Hay muchísimos lugares donde el Estado no está llegando. En Simoca, por ejemplo, hay un alto grado de vecinos con discapacidad, y las pensiones no siempre alcanzan. Está claro que los gastos sociales no tendrían razón de ser si los recursos llegaran a todos los vecinos, sin discriminación”, afirmó el radical González.

El macrista Luis Brodersen (bloque unipersonal PRO-A) advirtió que no percibirá esos ingresos, que complementan el haber de los legisladores junto con la dieta (ronda los $ 25.000). “Queda claro que a los gastos sociales no los puede controlar el Tribunal de Cuentas (TC). Eso debe cambiar. Es inaceptable que se usen fondos públicos sin ningún tipo de control externo. Toda reforma política que no arranque por ahí será hipócrita”, aseguró el opositor. Además, a través de su cuenta de Twitter, pidió que se transparenten las finanzas públicas. “Hay que comenzar ahí. ¿De qué sirve lograr elecciones transparentes si antes no garantizamos que se podrá controlar a quien elijamos?”, planteó.

El dirigente sindical Eduardo Bourlé (bloque unipersonal Trabajo y Dignidad) cuestionó por su parte las prioridades que fijó el cuerpo colegiado para su primera sesión, como la designación del nuevo secretario, Claudio Antonio Pérez. “Siendo de conocimiento de los tucumanos los hechos relacionados al manejo público de los fondos de la Legislatura, sin ser algo personal, no era oportuno tratar ese nombramiento. No se entiende el apuro. Los tucumanos merecen tener en claro las responsabilidades que podrían existir en la administración de esos fondos públicos”, expresó Bourlé. E instó al Poder Judicial a avanzar con celeridad en las investigaciones. “Así como con el 82% móvil de los jubilados o como con el crimen de Paulina Lebbos, cuando la Justicia llega tarde no es justicia”, agregó el dirigente bancario.

Por otra parte, tres legisladores radicales se reunieron ayer para presentar un paquete de proyectos de ley sobre transparencia en la gestión pública. Aunque no se abordó puntualmente el tema de los gastos sociales, propusieron la creación de diversos organismos para control de erogaciones y la publicidad de los actos de gobierno. “Los tucumanos tenemos derecho a saber qué hacen nuestros gobernantes. Ningún funcionario público debería administrar lo público como propio, y este paquete de leyes dará garantías de transparencia a los tucumanos”, afirmó José Canelada, junto a sus “correligionarios” Adela Estofán y Eudoro Aráoz.

LA GACETA reveló, mediante fotos y documentos, que un empleado de Tesorería de la Legislatura transportaba valijas con millones de pesos en efectivo de un banco al edificio de la Cámara. Así, se gastaron más de $ 500 millones en “ayudas sociales”. Sólo en octubre fueron ejecutados $ 105,3 millones.